En términos democráticos, odiar supone crear al “otro” como referente sobre el que proyectar las iras, los miedos y las frustraciones que se alimentan en tiempos de crisis.
La repulsión implica convertir a ese otro en chivo expiatorio y en una especie de diana sobre la que lanzamos la bilis que no sabemos o no queremos digerir, de ahí que uno de los permanentes desafíos para cualquier democracia sea la inclusión.
Porque solo una democracia inclusiva es aquella en la que conviven pacíficamente, aunque permanentemente en tensión, la libertad, la igualdad y el pluralismo. El equilibrio de estos principios, que se proyectan en el ejercicio de los derechos y, por tanto, en el estatus de ciudadanía, requiere de una cultura que los sostenga, de discursos políticos que los nutran y de acciones, individuales y colectivas, que reaccionen de manera inmediata frente a cualquier intento de su lesión.
De ahí la importancia de los movimientos sociales, de una ciudadanía comprometida, en la labor de continua vigilancia sobre ese hilo tan frágil que supone entender la igualdad como reconocimiento de las diferencias.
En el contexto social y político que estamos viviendo sobran razones para explicar por qué no dejan de crecer los denominados “delitos de odio”. Al margen de las dificultades jurídicas que plantean estas actuaciones, ya que con frecuencia es complicado probar la intencionalidad y que a veces se corre el riesgo de dejar sin contenido libertades fundamentales como la de expresión, es cierto que en las democracias contemporáneas se han ido activado unos discursos reaccionarios que, con el caldo de cultivo perfecto que suponen la crisis económica y las incertidumbres que nos acechan, propician la creación de sujetos condenados a los márgenes, percibidos como amenaza para el orden, la unidad o la armonía, entendida esta como traducción simbólica de los intereses de quienes tienen una posición de privilegio.
La historia está llena de episodios lamentables en los que se ha puesto el foco violento y excluyente en minorías, culturas, religiones o, en general, sujetos a los que se les ha marcado con el sambenito de la peligrosidad o de la perversión, solamente por el hecho de ser y representar un otro concebido no como espejo dialogante, sino como enemigo del que distanciarse.
Una exclusión histórica
En concreto, las personas que no han respondido a los patrones heteronormativos, básicos para mantener la estrecha alianza de poder que une al patriarcado con el capitalismo, han sufrido, y siguen sufriendo, procesos de persecución, exclusión y no reconocimiento. Tal vez porque siempre han supuesto una mirada contestataria a un orden hecho a imagen y semejanza de la complementariedad hombre dominante/mujer subordiscriminada.
De ahí que, pese a las tensiones inevitables, la lucha del movimiento feminista y la del colectivo LGBTI tengan tantos elementos en común. De ahí también que no debería extrañarnos que, tras unos años de conquistas normativas y de profundos cambios sociales en materia de igualdad, las posiciones políticas reaccionarias pongan uno de sus focos principales en los sujetos que han ido ganando espacio público y subvirtiendo valores y principios.
Unas reacciones que están muy relacionadas no solo con el contexto socioeconómico crítico, sino también con la crisis de un modelo patriarcal de masculinidad que se resiste a desaparecer, que se siente agraviado y que ha encontrado en los proyectos de la extrema derecha un cauce perfecto para expresar su enfado.
Para encender la mecha de la violencia solo está haciendo falta que haya líderes políticos que reafirmen sus posiciones, que las redes sociales faciliten la creación de una atmósfera de fraternidad combativa o que incluso en la Europa supuestamente civilizada haya gobiernos que no tengan ningún reparo en dar marcha atrás en las conquistas que en materia de diversidad sexual se alcanzaron desde finales del siglo XX.
El incremento en nuestro país de acciones humillantes y discriminatorias que tienen como objetivo a personas que se escapan de lo que algunos entienden como “normalidad” –es decir, normatividad– sexual responde a ese caldo de cultivo que ha ido entrando en ebullición gracias no solo a los rotundos posicionamientos de VOX, sino también a los silencios cómplices de otros partidos y líderes políticos.
Todo ello, sumado al ambiente iracundo y violento que la “machosfera” propicia y con el que es tan fácil de seducir a quienes no entienden que las injusticias del sistema no son obra de “los otros”, sino más bien de unas estructuras que olvidan que sin bienestar compartido e igualdad real de derechos no es posible la paz social. O, lo que es lo mismo, que sin justicia social es fácil que crezcan y se reproduzcan quienes pretenden salvarnos negando paradójicamente la esencia misma de la democracia.
Hace falta otra cultura política
Lo que está ocurriendo en los últimos meses, y frente a lo que una denuncia falsa es apenas una nota a pie de página que no resta ni verdad ni urgencia a la situación, teniendo en cuenta además que estamos ante un tipo de delitos de los que se denuncia solo una mínima parte, nos demuestra que no bastan las leyes. Hace falta, más allá de los necesarios cambios normativos, otra cultura política, una transformación que nos permita al fin transitar de la perversa tolerancia hacia el reconocimiento.
Y ello pasa no solo por compromisos educativos, frente a las propuestas que niegan que la escuela deba comprometerse con el reconocimiento de la diversidad y el aprendizaje de la vida en común, sino también por la responsabilidad de quienes en el espacio público generan discursos, establecen prioridades y marcan pautas de conducta. Sin perder de vista, claro está, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en no ser partícipes del odio, sino en contribuir, mediante nuestra praxis diaria, a una sociedad en la que cada individuo tenga el derecho a ser, sin que el miedo, esa vacuna contra la dignidad y la alegría, lo reduzca a ciudadano de segunda.
*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation España el día 14/09/2021 por el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Octavio Salazar Benítez.