Casualmente, esta presentación coincidió con el “periodo de reflexión” que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se tomó para discernir si dimitía o no ante lo que definía como “ataque sin precedentes” contra su persona y su familia, ataque en el que podemos identificar algunas herramientas propias del “odio digital”.
Como consecuencia de esta iniciativa de Pedro Sánchez, se han sometido a debate público algunas cuestiones relacionadas con el objeto de estudio de nuestra investigación.
Es muy legítima su denuncia sobre cómo el populismo de ultraderecha está utilizando de forma muy eficaz las nuevas oportunidades que le ofrecen las plataformas digitales y redes sociales para fomentar la desinformación y propagar el discurso de odio. También que ello está sometiendo a un gran estrés a los pilares de un Estado democrático que hunde sus raíces en la era analógica.
El insulto en el debate político
Respecto al planteamiento de partida, por supuesto que debe ser motivo de honda preocupación que se haya generalizado el insulto, la descalificación y la desinformación respecto al oponente ideológico-partidario (alcanzando incluso a su entorno familiar) como la única manera de afrontar el debate político, con un marcado protagonismo como campo de juego de esta refriega constante los medios digitales y las redes sociales.
Sin embargo, ello no puede llevar a que se convierta a los representantes políticos y cargos institucionales en las principales víctimas del odio digital. De hecho, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) en reiterada jurisprudencia ha descartado que estos actores puedan integrarse entre los colectivos vulnerables “diana” del discurso y delitos de odio. Es más, afirma que los políticos deben soportar un nivel de crítica mucho más intenso, incluso desabrido, que el resto de sectores sociales ya que cuentan con unos resortes y capacidad de influencia privilegiados para su defensa.
Hemos asistido a un ejemplo muy claro de esto último en este caso. Tras la denuncia no carente de fundamento del presidente Sánchez del ataque de desinformación y acoso que llevan sufriendo él y su familia desde hace tiempo, se ha producido una reseñable movilización de apoyo que ha ido desde múltiples pronunciamientos públicos de personalidades destacadas de los principales ámbitos de la sociedad a manifestaciones en las calles, lo que se ha traducido incluso en un aumento de las expectativas electorales del presidente y su partido.
Desafortunadamente, minorías étnicas o religiosas, personas de origen migrante o con una orientación o identidad sexual no normativa, por ejemplo, no concitan esas oleadas de apoyo transversal cuando recurrentemente son diana de las noticias falsas o el discurso odioso analógico y digital, y por eso son colectivos vulnerables.
Tampoco parece que vayan por buena dirección las escasas y difusas propuestas que deslizó Pedro Sánchez en su comparecencia y posteriores intervenciones en medios, que apuntan a medidas de corte restrictivo para las libertades de expresión e información en el espacio digital. El presidente del Gobierno de España no ha concretado mucho hasta el momento, tan solo ha hecho alusiones genéricas a la necesidad de medidas para distinguir entre libertad de expresión y “libertad de difamación”.
Por lo expuesto consideramos imprescindibles iniciativas de regeneración democrática y de mejora de la calidad del debate político, con especial incidencia en el espacio digital, pero ello no puede desembocar en un blindaje desorbitado de nuestros representantes institucionales.
La urgencia de herramientas que garanticen las libertades
Y una vez puesto el foco en los colectivos realmente vulnerables, la estrategia defensiva contra el odio en la red debe centrarse en promover una verdadera educación para la ciudadanía digital y en el impulso de herramientas de verificación eficaces y accesibles que desactiven la manipulación informativa en la que anida el odio digital. Ya existen iniciativas interesantes en España en el ámbito profesional de la comunicación y también impulsadas por la sociedad civil como la agencia Stop Rumores, abandonando el recurso excesivo al Derecho Penal y garantizando la indemnidad de libertades esenciales para nuestro sistema democrático.
Para ello, tal como exponemos en nuestro trabajo, la intervención penal debe reservarse a los supuestos más graves del discurso de odio digital, que son aquellos que producen un incremento real y directo del riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los colectivos vulnerables, a los que bajo ningún concepto puede extenderse el paraguas protector de las libertades de expresión o información.
Las otras manifestaciones del discurso de odio, que sin duda tienen un grave impacto discriminatorio en estos sectores sociales, deben ser combatidas con las citadas herramientas de educación para la ciudadanía digital y con la verificación de datos.