Espa�a ha estado siempre vinculada al mar como Estado mixto, peninsular e insular, presente en dos continentes y con unos 8.000 kil�metros de litoral. La importancia del mar para el pa�s se desprende sobre todo de la actividad econ�mica, porque es fuente de recursos pesqueros y minerales de indudable inter�s, pero tambi�n por su valor estrat�gico. En este �ltimo sentido, Espa�a preside uno de los estrechos internacionales de mayor tr�fico mar�timo en el mundo, el de Gibraltar.

La delimitaci�n de los espacios mar�timos, la pesca, la navegaci�n y sus limitaciones, la protecci�n de patrimonio subacu�tico y el arreglo de las controversias que estas cuestiones provocan constituyen las tareas prioritarias en las que se centra el grupo de investigaci�n dirigido por el catedr�tico Rafael Casado, en el que participan los profesores Manuel Hinojo Rojas, Eva M� V�zquez G�mez, Miguel Garc�a Garc�a-Revillo, Carlos Espali� Berdud, Miguel Agudo Zamora, Joaqu�n Alcaide Fern�ndez y Eloy Ruiloba Garc�a, de las universidades de C�rdoba, Sevilla y M�laga. La finalidad principal de su proyecto de excelencia es completar, actualizar y ampliar el estudio del Derecho Internacional del Mar, un ordenamiento en continua revisi�n que este grupo de investigaci�n realiza desde hace m�s de diez a�os.

La delimitaci�n de los espacios mar�timos se realiza normalmente mediante el acuerdo de los Estados ribere�os implicados, pero tambi�n recurriendo a tribunales internacionales, judiciales o arbitrales. En este sentido, Rafael Casado destaca: �Existen los conflictos porque los Estados intentan que los recursos minerales y biol�gicos est�n bajo su soberan�a, que en muchas ocasiones no est� claramente delimitada en el mar�. En el proyecto, los investigadores abordar�n la delimitaci�n de los espacios mar�timos (mar territorial, zona econ�mica exclusiva, ZEE, o zona de pesca y plataforma continental) con los Estados vecinos. Las delimitaciones pendientes entre Espa�a y Marruecos, entre Espa�a y Portugal y entre Espa�a y Argelia, que afectan directamente a Andaluc�a, ser�n algunas de las principales a estudio.

Del mismo modo, el equipo de Rafael Casado analizar� las repercusiones pesqueras y ambientales de las zonas de protecci�n pesquera (y ecol�gica) creadas en el Mediterr�neo. Los juristas se plantean estas nuevas zonas como un fen�meno �nico en el mundo, ya que acotan en parte los derechos y las obligaciones que el Derecho del Mar reconoce a todo Estado ribere�o en concepto de zona econ�mica exclusiva (ZEE).

Pol�tica y jurisprudencia internacionales

La pol�tica comunitaria de la pesca y sus repercusiones para Andaluc�a se propone, asimismo, como un �rea novedosa por la conflictiva delimitaci�n de competencias entre la Comunidad Europea y sus estados miembros. En esta l�nea, los acuerdos de pesca alcanzados por la UE con terceros estados (como el vigente con Marruecos, que cubre aguas del Sahara occidental), la adaptaci�n en el derecho interno de las normas de conservaci�n y gesti�n de los recursos pesqueros dictadas en Bruselas o el control cada d�a m�s riguroso de las actividades pesqueras son algunas de las normas comunitarias que afectan m�s directamente a los estados. Del mismo modo, el equipo estudia el relevo que la UE ha tomado en la participaci�n en los organismos internacionales de pesquer�as, que afectan principalmente al alta mar, donde antes se integraban los Estados comunitarios de forma particular.

Adem�s de esto, el grupo coordinado por Rafael Casado abordar� con especial inter�s la sistematizaci�n de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y de los tribunales arbitrales internacionales. As�, las normas dictadas por estos organismos son trascendentes para las pr�cticas de los estados, y Rafael Casado indica que, por ejemplo, en materia de delimitaci�n, �la jurispruci�n de los espacios mar�timos para que conduzca a un resultado equitativo, que es a lo que obliga el Derecho internacional�.

Una de las �reas m�s llamativas del estudio ser� la protecci�n del patrimonio subacu�tico como herencia cultural. En efecto, el Centro de Arqueolog�a Subacu�tica ha constatado la existencia de 79 yacimientos arqueol�gicos en las aguas de la Comunidad de Andaluc�a y estima posible la existencia de otros 168, por lo que este equipo estudiar� la legislaci�n auton�mica andaluza partiendo de la Convenci�n de la UNESCO sobre la protecci�n del patrimonio cultural subacu�tico y de la legislaci�n estatal espa�ola.

P.C. ( De Andalucia Investiga)